General retirado mexicano arrestado por desaparición de 43 estudiantes en 2014 | México

Las autoridades mexicanas arrestaron a un general retirado y otros dos miembros del ejército por supuestos vínculos con la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo que entre los detenidos se encontraba el ex oficial que comandaba la base del Ejército en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, en septiembre de 2014, cuando secuestraron a los estudiantes de un colegio de maestros radicales.

Mejía dijo que se esperaba un cuarto arresto pronto. Un funcionario del gobierno con conocimiento del caso que habló bajo condición de anonimato confirmó que otro miembro del ejército había sido arrestado.

Mejía no dio nombres de los detenidos, pero el comandante de la base de Iguala en ese momento era José Rodríguez Pérez, entonces coronel. Apenas un año después de la desaparición de los estudiantes –y después de que las familias ya habían levantado sospechas sobre la participación militar y exigieron el acceso a la base– Rodríguez fue ascendido a general de brigada.

El funcionario gubernamental confirmó que Rodríguez Pérez había sido detenido y dijo que estaba recluido en una base militar. La fuente dijo que dos de los otros arrestados eran oficiales y el tercero era un soldado alistado.

El mes pasado, una comisión de la verdad del gobierno que reinvestigó el caso emitió un informe que nombraba a Rodríguez Pérez como presunto responsable de la desaparición de seis de los estudiantes.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien encabezó la comisión, dijo el mes pasado que seis de los estudiantes desaparecidos supuestamente fueron mantenidos con vida en un almacén durante días antes de ser entregados a Rodríguez Pérez, quien ordenó que los mataran.

El informe calificó las desapariciones como un “crimen de Estado”, enfatizando que las autoridades habían estado monitoreando de cerca a los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desde el momento en que salieron de su campus hasta su secuestro por parte de la policía de Iguala esa noche. Un soldado que se había infiltrado en la escuela estaba entre los estudiantes secuestrados y Encinas dijo que el ejército no siguió sus propios protocolos para tratar de rescatarlo.

“También hay información corroborada con llamadas telefónicas de emergencia donde presuntamente seis de los 43 estudiantes desaparecidos fueron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman el viejo almacén y de ahí fueron entregados al coronel”, dijo Encinas. “Los seis estudiantes habrían estado vivos hasta cuatro días después de los hechos y habrían sido asesinados y desaparecidos por órdenes del coronel, supuestamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

Numerosas investigaciones gubernamentales e independientes no han logrado llegar a una sola narración concluyente sobre lo que les sucedió a los 43 estudiantes, pero parece que la policía local los sacó de los autobuses en Iguala y los entregó a una banda de narcotraficantes. El motivo detrás del secuestro sigue sin estar claro. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han encontrado fragmentos de huesos quemados con los de tres de los estudiantes.

El papel del ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala. Recién en 2019 se les dio acceso junto con Encinas y la comisión de la verdad.

Poco después del informe de la comisión, la oficina del fiscal general anunció 83 órdenes de arresto, de las cuales 20 eran para miembros de las fuerzas armadas. Luego, los agentes federales arrestaron a Jesús Murillo Karam, quien era fiscal general en ese momento.

Las dudas crecieron en las siguientes semanas porque no se anunciaron detenciones.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha formado un estrecho vínculo público con los militares. López Obrador presionó para cambiar la guardia nacional recién creada bajo la autoridad militar total y sus aliados en el Congreso están tratando de extender el tiempo para que los militares continúen con un papel policial en las calles hasta 2028.

El jueves, Mejía también descartó cualquier sugerencia de que José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, saldría de prisión luego de que un juez lo absolviera de responsabilidad por el secuestro del estudiante por falta de pruebas. Incluso sin el cargo de secuestro agravado, Abarca aún enfrenta otros cargos por crimen organizado y lavado de dinero, y Mejía dijo que la última decisión del juez sería impugnada. El juez absolvió de manera similar a otros 19, incluido el hombre que era el jefe de policía de Iguala en ese momento.

Leave a Comment